La inseguridad y los ataques perpetrados por la narcocriminalidad no son problemáticas novedosas en la ciudad de Rosario. Sin embargo, el ataque llevado a cabo contra un local comercial de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza escrita contra Lionel Messi pusieron a este punto del país ante los ojos del mundo. En materia política esto también generó revuelo porque mientras el intendente rosario, Pablo Javkin, habló de “zona liberada” por parte de las fuerzas federales, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reconoció que esto sucede hace más de 20 años y que si uno ve los índices recientes puede asegurarse que “los narcos han ganado”. En este contexto, el debate sobre el combate a la narcocriminalidad se extendió al resto de las provincias y para tener una visión de lo que sucede en la provincia, LA GACETA le consultó a legisladores que percepción tienen sobre el tema.

Escasa inversión

El diputado nacional Domingo Amaya admitió que este tema le genera preocupación porque hace un tiempo se decidió “levantar” la fuerza federal que se había instalado en la provincia para hacer frente a este flagelo. “Necesitamos una mesa de trabajo conjunto para abordar estos temas y ver las inversiones que deben hacerse porque sino corremos el riesgo de que incremente esta basura que afecta a los jóvenes y a tantas familias”, dijo el integrante del bloque Encuentro Federal. En relación a este tema, el legislador sostuvo que el Estado tiene las herramientas, a través de los distintos poderes, para combatir esto y “lograr que esto se termine”. “Deberíamos tener una planificación estratégica, pero al no haber inversiones en materias de desarrollo tecnológico corremos el peligro de estar en la misma situación que Rosario. Aquí, no alcanza con incorporar gente porque además se debe invertir en tecnología y no está pasando”, dijo Amaya.

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Además, consideró que ante esta problemática la justicia y la seguridad deben ser “implacables y no proteger a nadie”. El ex jefe comunal insistió en la preocupación que este tema genera en la población local y por eso insistió en la necesidad de tomar acciones urgentes y concretas: “Las encuestas y la gente dice que el mayor problema de Tucumán es la inseguridad. Aquí no hay planificación para bajar la criminalidad como se hizo en otras jurisdicciones del país y así es difícil cambiar. En los barrios hay vecinos que tienen miedo y por más que en muchos lados se hayan instalado botones antipánico no hay capacidad de respuestas”, enfatizó.

Medidas preventivas

Para el senador nacional Pablo Yedlin todas las ciudades grandes del país “tienen el riesgo de sufrir situaciones similares” a las que hoy afronta Rosario. “La situación de Rosario es de extrema gravedad y lleva muchos años sin una respuesta efectiva. Obviamente, el fortalecimiento de las fuerzas provinciales de seguridad y el apoyo de las nacionales es fundamental y debe intensificarse”, dijo al respecto el dirigente del Frente de Todos (FdT). En relación a la realidad local, Yedlin destacó el trabajo que se viene llevando adelante en Tucuman para evitar que esto suceda. Y sostuvo que “el apoyo de Gendarmería Nacional y la aplicación de la ley de Narcomenudeo son ejemplos” de esas labores.

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“No estamos lejos”

Paula Omodeo no dudó en afirmar que en materia de inseguridad “después de Rosario, seguimos nosotros” y precisó que la provincia ocupa el segundo lugar de homicidios del ranking nacional de los últimos tres años. “Cada cuatro días tenemos una víctima de asesinato”, remarcó. La dirigente de CREO también comparó esta problemática con la violencia machista y los ataques que se registran contra las mujeres donde la provincia “también participa de este triste podio con dos víctimas cada 100.000 habitantes, solamente por debajo de Santiago del Estero (2,4) y Formosa (2,3)”. En materia de inseguridad, Omodeo sostuvo que cada 22 minutos a algún tucumano le están robando y el principal desencadenante de esto es la ausencia de castigos. “No tenemos la infraestructura y la decisión para atacar el delito con seriedad”, dijo. Para entender esta problemática, la legisladora de Juntos por el Cambio (JxC) también hizo hincapié en los niveles de pobreza que afrontan grandes sectores de la sociedad y apuntó contra el gobierno provincial por haber creado una “máquina de pobreza”. “El gobierno subestima los niveles de violencia que la inseguridad genera, y se camufla en un discurso optimista y toma parcialmente estadísticas para decir que estamos bien. Los datos no se pueden ocultar bajo la alfombra, sino que se necesita una política criminal a largo plazo. Lo mismo que pasa con el discurso que tiene Alberto Fernández en la Nación, lo que el gobierno tucumano dice en cuanto a la situación de la seguridad ciudadana dista enormemente de lo que padecemos los tucumanos cada día, que vivimos encerrados y salimos a la calle con miedo”, expresó la diputada.

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Realidad local

En la Asamblea Legislativa que marcó el inicio del 118° período de sesiones legislativas, el gobernador Juan Manzur remarcó en su discurso el trabajo realizado en seguridad y destacó que para la gestión es prioridad llevar tranquilidad a los ciudadanos. “Hemos avanzado en la implementación de la ley de Narcomenudeo invirtiendo en recursos que lo han hecho posible en el marco del Operativo Lapacho. Entre otras adquisiciones e incorporaciones, ello ha permitido la compra de containers y scanners fijos y móviles para su instalación en los puestos de control fronterizo”, manifestó el mandatario.

Como presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura, el legislador provincial Roberto Chustek acentuó la postura del Poder Ejecutivo (PE) y descartó que la provincia se encuentre en una situación crítica como la que se evidencia en Rosario. “Con más de 200 causas iniciadas en tres meses, a partir de la ley de Narcomenudeo, está claro que se está combatiendo fuertemente este flagelo obteniendo resultados rápidamente”, comentó el legislador. Y agregó: “Como complemento de esto se ejecuta el operativo de prevención y control vehicular (Lapacho), con el cual la fuerza de seguridad local y fuerzas federales controlan las fronteras y otros puntos estratégicos para evitar el contrabando, tráfico de drogas, de personas y otros delitos”.

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Chustek detalló que a diferencia de Santa Fe, y más específicamente Rosario, la diferencia con Tucumán radica en la “armónica relación que logramos entre los tres poderes del Estado”. “La permanente comunicación y coordinación del accionar de nuestras fuerzas policiales con los juzgados locales y federales, más el apoyo y la sanción de las leyes necesarias para mejorar este accionar por parte de la Legislatura de Tucumán marca la diferencia. Inclusive, algo digno de destacar es que las leyes en materia de lucha contra el narcomenudeo contaron siempre con el apoyo unánime de todos los bloques políticos sin distinción”, exaltó.